Por Silvanna Mortera
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad de 2016 y según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), casi 6.000 personas que pertenecen a pueblos originarios están presas sin haber tenido acceso a un intérprete. El 99% ha pasado su proceso entre rejas y sin sentencia
En México, 7.011 personas de pueblos originarios están en prisión. El 85,2% de ellas no tuvo acceso a un intérprete. Tres de cada 10 están encarceladas sin sentencia —que en el mejor de los casos llegará en unos seis años— según los datos INEGI y de la Secretaría de Seguridad.
El 99% de estos detenidos termina en prisión preventiva. Es decir, que prácticamente todos los indígenas arrestados pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados. Asociaciones como Asílegal han documentado casos de hasta 20 años sin condena. José Luis Gutiérrez, director general de la organización, afirmó que “Lo que esperan las autoridades es que ellos aprendan español para acelerar el proceso”.
María López Guzmán, de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli), afirmó que no existen condiciones óptimas y mucho menos dignaspara los intérpretes: “Nosotros también vivimos episodios racistas. Hay jueces que no nos creen cuando hacemos una interpretación. Y está claro que tampoco podemos vivir de esto”. Además, denuncia que no existe unn salario formal y digno para su trabajo, pues profesionistas como ella, deben tener al menos dos o más trabajos para solventar su vida hasta fin de mes.
Por cada traducción cobran una media de cinco salarios mínimos —616 pesos— en honorarios. Lo que refleja que es contado como unn trabajo externo, enn el que laboran sin seguridad social y muchas veces reciben el dinero hasta un año después. En Otigli, —por colocar un ejemplo—, hay adeudos del Consejo de la Judicatura Federal (el órgano de Gobierno de los jueces) desde el 2018.
Incluso, existen organizacciones que cuentan con documentos en donde presentan casos de prisión preventiva contra indígenas por el robo de cantidades como 80 pesos. “Lo que hacen los tribunales con las clases bajas es sentenciar, aun sin pruebas. Solo para dar la impresión de que se está combatiendo el delito”, aseguró.
Esta forma de los jueces de inflar el pecho, según el defensor de derechos de los indígenas, es la manera en la que los impartidores de justicia intentan esconder bajo la alfombra una realidad incómoda: en México, de acuerdo con cifras oficiales, el 98% de los delitos queda impune.
