La sensación de inseguridad afecta a nueve de cada 10 que acuden a un cajero automático; nueve de cada 10 que viajan en transporte público; siete de cada 10 caminan con temor en las calles cotidianamente, y dos de cada 10 teme ser robado o asaltado.
Por Karen Santos// @KarenSantosOfic
El 28 de febrero de 2020, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, nombró al chiapaneco Raciel López Salazar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego del homicidio de tres estudiantes de medicina, uno de los crímenes de mayor impacto social en la entidad. Un año después, en abril del 2021, Barbosa lo echó del cargo porque Raciel había “construido un pueblitoˮ en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
El atroz asesinato de tres estudiantes de medicina, dos de ellos extranjeros, y un conductor de Uber, después de que habían asistido al famoso Carnaval de Huejotzingo, puso en jaque al entrante gobierno del morenista Barbosa Huerta, quien ese día se había autoproclamado “experto en seguridad” durante una entrevista con el medio oficialista ContraRéplica.
El homicidio de los jóvenes originó el movimiento #NiUnaBataMenos, que logró reunir a casi 100 mil poblanos en una marcha que llegó a Casa Aguayo. Éste fue el detonante para que llegara Raciel López a la SSP, sustituyendo a Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez, a quien mandaron a la Policía Auxiliar. Barbosa aseguró que su decisión era “una respuesta institucional a la sociedad para mejor seguridad pública” y anunció que vendrían “otras decisiones más relacionadas con seguridad pública”.
Así llegó el chiapaneco López Salazar, y con él otros personajes de la misma entidad: Karina Sauceda Castro, quien fue designada para encabezar a la Policía Estatal de Vialidad en Puebla, ya que había trabajado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su estado natal; Nancy Benítez Rebolledo, extitular de la Fiscalía de la Mujer (FM) de Chiapas, que sustituyó rápidamente a Ildefonso Amézaga en la Policía Auxiliar; en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), se instaló el también chiapaneco Moisés Grajales Monterrosa, exsecretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) de Tuxtla Gutiérrez; y a la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas (DGVPDRL) accedió Judith Torres Vera, quien en su estado natal fue diputada y líder de la CNP.
Es decir, el gobernador Barbosa Huerta puso la seguridad de los poblanos en manos de funcionarios chiapanecos, quienes ciertamente habían tenido experiencia en cargos de seguridad pública en su entidad natal. López Salazar fue Procurador General de Justicia (PGJ) de Chiapas en 2009 en el gobierno de Juan Sabines Guerrero y en 2012, con Manuel Velasco Coello, ahí se mantuvo hasta el 2018.
En 2019, Raciel López fue delegado de la FGE en el Estado de México (Edomex) y en 2020 llegó al gobierno de Puebla para reunirse con el “grupo Chiapas” que controla la entidad, cuyos integrantes fueron cercanos colaboradores de Juan Sabines Guerrero, sobre quien pesan acusaciones de daños al erario: Seth Yassir Vázquez Hernández, que fue secretario particular, secretario de Desarrollo Social y presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y en Puebla se desempeñara como subsecretario de Transportes y Vías de Comunicación; Florencio Madariaga Granados, que fue consejero de universidades públicas, notario público y presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) y ahora en Puebla es asesor jurídico de Barbosa.
El último en llegar fue Raciel, pero duró poco en el cargo, pues la fe que Barbosa había puesto en él se desvaneció el nueve de abril, cuando fue cesado de su puesto. También fue retirado Pedro León Toro, subsecretario de Coordinación y Operación policial; Jaime Padilla Barrientos, director General de Grupos Especiales y la directora de vialidad estatal, Karina Sauceda, todos chiapanecos. En su lugar llegó Rogelio López Maya, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del CECSNSP, aunque primero estuvo como encargado del despacho.
El “pueblitoˮ de Raciel en San Miguel
“Cuando los chiapanecos se fueron, en el tiempo que estuvieron allá, en el reclusorio de San Miguel, construyeron un pueblito en el patio de San Miguel: cuartos divididos en dos o tres y llegaban a cobrar dos mil 500 pesos la noche y 250 la hora allá en el reclusorio y luego nunca hubo allá en el reclusorio suspensión de visitas sexuales; el fin de semana entraban prostitutas o sexoservidoras y les cobraban y todo lo demás”, aclaró el gobernador Barbosa el 14 de junio en su propia conferencia mañanera, luego de una protesta de familiares de custodios del Cereso de San Miguel, quienes se encuentran detenidos por participar en la fuga de El Pirulí, quien habría sido el asesino de los estudiantes de medicina.
Al preguntarle en torno a la protesta, el gobernador habló sobre la situación irregular que prevalece en el reclusorio a causa de “los chiapanecos” (que él mismo impuso en la SSP); reveló que había ya una denuncia penal y que se hallaba “en curso toda esa investigación; ese pueblito ya se derrumbó, ya se derrumbó piedra por piedra, eran construcciones formales de tabique, de techos de todo lo demás. Tenía servicios de baños, tenían todo: televisión, camas, todo. A ese nivel llegaron, pero ya se derrumbó completito y ya hay una denuncia penal que está en curso”.
Al inicio de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió que en el Cereso de San Miguel había reuniones íntimas, con la autorización de la burocracia penitenciaria, los viernes, sábados y domingos. Además, se prostituía a las internas en el área varonil a cambio de dinero.
Pero el acondicionamiento de “el pueblito” de San Miguel no fue el único escándalo generado por “los chiapanecos” de Barbosa. Hubo también fiestas, detenciones ilegales, torturas, “siembra” de droga, vínculos con bandas delictivas y una larga estela de actos de corrupción, según la “marca” de Raciel en Chiapas y que también dejó como legado en Puebla.
Cuando López Salazar llegó a la SSP de Puebla se comprometió a “empezar con la casa, una limpia. Hay muy buenos policías, pero también hay policías que están actuando fuera de la ley. Tenemos que recuperar la confianza”.
Pero la “limpia” dio los resultados contrarios. El 29 de septiembre de 2020, cuando se anunció la salida de Moisés Grajales Monterrosa del CESP, Barbosa no ofreció razones precisas al respecto; pero trascendió que su despido se debió a diversos actos de corrupción.
El 27 de mayo de este año, se dio otra baja: Julián Palomares del Valle fue relevado de la Dirección General de la Policía Estatal (DGPE) tras difundirse la aprehensión del jefe de la base de operaciones del municipio de Esperanza, Juan Carlos Romero Abraham, quien la comandaba y portaba más de 300 dosis de marihuana, cristal y cocaína que no pudo justificar, además de varias armas de fuego.
En junio de este año, un video en redes sociales evidenció a varios integrantes del Grupo Especial de Delitos de Alto Impacto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que, al estilo del narco, cantaban un rap diciendo que eran el “terror de los malandros”. Los elementos se denominaban parte del grupo de Saúl Gamboa Condado, director de Operaciones Especiales de la SSP.
“Es un mensaje para todos los culeros que se andan pasando de verga: pura gente del señor Gamboa; a la verga”. Barbosa los calificó como “delincuentes y payasos”. Gamboa Condado salió de su cargo el 13 de junio, pues los delincuentes confesaron que les pedía “moches” de alrededor de 50 mil pesos mensuales para que permitiera el trasiego de drogas y camiones de carga robados en las carreteras poblanas.
A principios de febrero de este año se reveló que el director de la Policía Procesal, un chiapaneco de apellido Gamaliel, autorizaba, firmaba y aprobaba la venta de las evaluaciones de riesgo; pedía entre 30 mil y 50 mil pesos. Estas evaluaciones ayudaban a que un detenido, al ser considerado de baja peligrosidad, obtuviera su libertad o pasara su proceso bajo una medida cautelar diversa y no en la prisión.
Sobre este personaje también pesan señalamientos de acoso sexual contra elementos del personal femenino; después de haber exigido una investigación, las mujeres policía fueron sancionadas con el argumento de que habían cometido “actos inapropiados”. El 18 de marzo de 2021, una familia de Cuautlancingo denunció que su vivienda había sido asaltada por un grupo de hombres a bordo de una patrulla de la Policía Estatal y que, posteriormente, miembros de esta corporación intentaron fabricarle un delito “sembrándole” droga.
Otro de los escándalos que definieron la administración de Raciel se produjo en junio de 2020, cuando estalló un plantón de elementos de la Policía Estatal, quienes exigían a López Salazar y al gobernador Barbosa Huerta, que cumplieran con el aumento salarial que les ofrecieron. La protesta derivó en un acuerdo entre ambas partes; pero después de un mes, el gobierno seguía sin cumplirle a los uniformados. Días después, 12 elementos, entre quienes se hallaban los líderes del movimiento, fueron removidos injustificadamente de sus labores, lo que ocasionó otra protesta en la SSP, que acusaron como venganza de Raciel López.
Tras éstos y otros actos, luego de la salida de Raciel, el gobernador optó por eliminar la Dirección de Vialidad y la Dirección de Grupos Especiales; el 13 de mayo anunció que había dado de baja a todos los delegados y supervisores de tránsito que estaban adscritos a la Dirección de Vialidad de la SSP; y el 24 de junio, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Pública y Vialidad; con ello desapareció la Dirección de Vialidad y se creó la Dirección de Operaciones Policiales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha declarado que existen varias denuncias contra López Salazar y sus allegados. Gilberto Higuera Bernal, su titular, afirmó que se han integrado varias carpetas de investigación por diversos delitos ocurridos dentro y fuera del penal de San Miguel. Entre las acusaciones están la de configuración del sistema de seguridad, como es el equipo biométrico y cámaras en las prisiones, abuso de autoridad y nexos con bandas delincuenciales.
Ola de inseguridad y abusos policiales
Ni el confinamiento por la pandemia ni el “experto en seguridad” han apaciguado la violencia en Puebla. Tan solo en la capital poblana, ocho de cada 10 habitantes consideraron, en marzo pasado, que su ciudad resulta insegura, según una muestra de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); además de que la entidad rebasa la media nacional de 66.4 y se ubica entre las 20 metrópolis con mayor índice de inseguridad entre 85 sitios analizados.
La sensación de inseguridad afecta a nueve de cada 10 que acuden a un cajero automático; nueve de cada 10 que viajan en transporte público; siete de cada 10 caminan con temor en las calles cotidianamente, y dos de cada 10 teme ser robado o asaltado en su propio hogar. Esta situación ha obligado a los capitalinos a vivir diferente, a no salir con cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; a no confiar en que sus hijos menores salgan de casa por temor a que les pase algo.
Esto no es injustificado ni casual. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, el estado de Puebla registró 205 homicidios dolosos. En el primer trimestre de 2020 y en el mismo periodo de 2021, los asaltos en transporte público, individual o robo a transeúnte crecieron del 50 por ciento al 226 por ciento.
El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicado el 21 de junio, reveló que en Puebla se han iniciado 30 mil 202 carpetas de investigación, cifra que la ubicó como la octava entidad con más delitos del fuero común.
Además, la justicia es lenta o de plano no llega. De más de 43 mil carpetas de investigación iniciadas en 2020, solo llegaron a sentencia 35, es decir, ni siquiera el uno por ciento. El Observatorio Ciudadano Igavim ha señalado que en el estado impera una impunidad del 99.92. En 2020 se abrieron 873 carpetas de investigación por homicidio doloso; pero solo 11 terminaron con sentencia.
Los poblanos tampoco confían en la policía; y la corrupción recién descubierta en la SSP aumentó su desconfianza. En la madrugada del 13 de junio fue hallado muerto, en los separos de San Miguel Xoxtla, Carlos Portillo, egresado de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Carlos había sido detenido la noche anterior por, supuestamente, “alterar el orden público”.
Aunque, en un principio, los policías atribuyeron al “suicidio” el deceso de la víctima, la familia denunció que el cuerpo de Carlos presentaba indicios de golpes y hasta tortura. Por este caso se dictó la medida cautelar de prisión preventiva a nueve policías, al director de la Policía Municipal, Mauricio N. y a la Jueza Calificadora Ivonne N.; a estos dos últimos por el delito de encubrimiento.
Anteriormente había trascendido el caso de un adulto mayor en Huauchinango, al que elementos de la policía sometieron sin motivo en un retén vehicular. El hecho sucedió el tres de abril de este año, y fue difundido a través de un video, en el que se observa que uno de los cinco policías mantiene su rodilla sobre la espalda de la persona de la tercera edad y se aprecia a otra persona tirada en el suelo.
En ese mismo mes fue difundido otro video en el que policías someten a jóvenes que consumían alcohol en calles de la colonia Álamos Vista Hermosa, a quienes sujetaron del cuello, los cachetearon y los tiraron al piso.
Y mientras este tipo de actitudes arbitrarias y violentas se suscitan en la entidad, los delitos aumentan, las corporaciones no se “limpian” y el gran experto de la Casa Aguayo sigue sin definir una estrategia clara que garantice la seguridad a los poblanos. Recientemente, el 22 de junio, el gobernador se reunió con el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador “para seguir trabajando en estrategias para la tranquilidad de las y los poblanos”.
Sin embargo, se prevé que poco o nada bueno pueda salir de esa reunión, pues al parecer la estrategia de seguridad pública de Barbosa se mantendrá, como la de “los chiapanecos”: traer gente ajena al estado para dejar la vigilancia de los poblanos en otras manos que no sean las suyas.
