Silvanna Mortera
El diputado seleccionado de la coalición Juntos Haremos Historia por la diputación federal por el distrito de San Martín Texmelucan Mauricio Toledo, fue imputado por enriquecimiento ilícito cuando fungió como funcionario de la Ciudad de México.
Según los reportes, el dictamen a favor del desafuero del diputado Mauricio Toledo no podrá ser votado en el próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, porque en la Sección Instructora no alcanzó la mayoría absoluta de sufragios. En este caso, sólo fueron dos votos a favor, un voto entregado por escrito que resultó en abstención y uno en contra.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, informó lo anterior a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que sólo el procedimiento de desafuero del legislador de Morena, Saúl Huerta Corona, se mantiene vigente.
De acuerdo con lo advertido por Sauri Riancho será necesario que el desafuero de Toledo Gutiérrez se vuelva a discutir en la Sección Instructora a fin de que pueda proceder en la actual legislatura que sesionará hasta finales de agosto.
“Es posible determinar que no existe una votación aprobatoria respecto al sentido de la resolución de la Sección Instructora ya que el voto de la Diputada Claudia Pastor fue emitido en abstención y por ello, el Dictamen relativo al Juicio de Procedencia del Diputado Mauricio Toledo se enmarca en lo previsto por el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al no contar con una votación mayoritaria, NO PUEDE PASAR AL PLENO”, resolvió la presidencia de la Mesa Directiva, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.
“Lo anterior a fin de evitar una confusión jurídica que pueda derivar en la instrumentación de trámites y procesos legislativos que no se encuentren estrictamente apegados a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los procesos jurisdiccionales y procurando en todo momento la preservación de las garantías constitucionales de seguridad jurídica y del debido proceso para el imputado en el juicio de procedencia antes referido cuya transgresión pudiera generar una afectación irreparable a su derecho constitucional y legal de presunción de inocencia”, concluyeron.
