A un año de las elecciones generales de Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, vive sus peores momentos en el cargo. Las protestas en su contra se suceden, mientras la Fiscalía sigue recabando pruebas de sobrepagos y corrupción en la adquisición de dosis de la vacuna india, Covaxin.
«Fuera Bolsonaro» fue el lema que resonó, este sábado 3 de julio, en 315 ciudades de Brasil. Es la tercera protesta en las últimas cinco semanas, en unas manifestaciones que tienen por objetivo la salida del presidente, Jair Bolsonaro.
Desde el inicio de la pandemia, el país registra más de 523.000 fallecidos, solo superado por Estados Unidos, mientras que la vacunación avanza lentamente, con 76 millones de brasileños —de un total de 210 millones— con una dosis y 27 millones con la pauta completa.
Las protestas estaban convocadas inicialmente para el 24 de julio, pero las informaciones sobre la compra irregular de vacunas que salpican al presidente están intensificando el malestar, con cada vez más pedidos ciudadanos de que Bolsonaro salga del Palacio de Planalto antes de las elecciones Generales, previstas para octubre de 2022.
Unas demandas que han pasado de la calle a los pasillos de la Cámara de Representantes, donde la oposición, tanto de izquierda como derecha, han formalizado una petición de destitución contra el presidente.
Sobrepagos y corrupción en la compra de la vacuna india
El viernes, la jueza de la Corte Suprema, Rosa Weber, autorizó a la Fiscalía a iniciar una investigación de 90 días contra Jair Bolsonaro, por incumplimiento del deber a la hora de adquirir la vacuna india, Covaxin, al laboratorio Bharat Biotech.
El presidente estaría implicado en un contrato de 316 millones de dólares, a cambio de 20 millones de dosis mediante un intermediario brasileño, quien estaría investigado desde 2017, por haber «vendido» medicamentos al Gobierno que nunca entregó.
Sin embargo, una comisión del Senado, que investiga el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo, asegura que habría sobreprecio de hasta «un 1000 %» y corrupción en el contrato. Parte del pago tendría que haber ido a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el acuerdo. La Comisión asegura que se avisó a Bolsonaro de las irregularidades. Tras estas acusaciones, el Gobierno suspendió la adquisición.
Además, también se conoció otro caso de corrupción esta semana. Un cabo de la Policía confesó haber intentado vender al Ejecutivo 400 millones de dosis de AstraZeneca en una operación que fue suspendida cuando un alto cargo del Ministerio de Salud le habría solicitado comisiones equivalentes a un dólar por unidad.
