Se dio a conocer que la fiscalía general del Estado de Puebla no solicitará cambio alguno a la medida cautelar de prisión preventiva para seis de los detenidos por el percance aéreo donde murieron Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo.
Esa fue la respuesta a familiares de cuatro de los detenidos que hicieron un par de protestas, a las afueras de Casa Aguayo y de la Fiscalía General del Estado, para exigir que se haga un proceso penal justo y equitativo para todos los detenidos.
Ante ello, familiares de los mecánicos identificados como Miguel, José Antonio, Ricardo e Israel, inicialmente acudieron a la sede del Poder Ejecutivo estatal, en Casa Aguayo, para pedir una audiencia con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Los manifestantes llegaron justo en el momento que el mandatario llevaba a cabo su rueda de prensa matutina, pero personal de Atención Ciudadana les informó que no era posible que fueran atendidos y los canalizo a la Fiscalía General del Estado.
El grupo de familiares se trasladó hasta las instalaciones de la Fiscalía Poblana, donde después de una hora de espera finalmente fueron recibidos por el secretario del fiscal General, Gilberto Higuera Berna aunque solicitaban ser atendidos por el funcionario encargado del área.
Al término de la reunión Moisés Montiel, padre de uno de los detenidos, informó que no se logró llegar a un acuerdo con el organismo toda vez que se trata de la parte acusadora en este proceso penal por lo que no mostraron interés en modificar la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó el agente del ministerio público.
No obstante adelantaron que mañana tendrán una reunión con un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por lo que esperan que sea esa instancia la que pueda resolverles sobre una posible modificación de la medida cautelar, como ya ocurrió con tres detenidos que eran trabajadores de la empresa Altiplano, dueños del helicóptero accidentado el 24 de diciembre del 2018, donde murieron Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo.
Los manifestantes se mostraron inconformes por el trato que les ha dado la Fiscalía General del Estado al señalar que se trata de un proceso inequitativo, ya que a pesar de no ser un delito grave los mantienen en prisión y no se le da agilidad al trámite para la realización de las audiencias, lo cual aumenta su estancia en la cárcel.
