La abierta injerencia de AMLO en los comicios de Nuevo León y una ola de violencia física, amenazas y agresiones verbales contra candidatos, fueron las marcas de las campañas electorales de 2021.
Por Martín Morales// @BuzosNoticias
Investigadores, políticos y despachos de consultoría especializados en seguridad analizaron el inusual repunte de la violencia política que incluyó asesinatos a sangre fría de precandidatos y candidatos de ambos sexos, en algunos casos, en sus domicilios y durante actos de campaña. Varios funcionarios y exfuncionarios públicos y un dirigente empresarial también fueron victimados.
El despacho de análisis Integralia reportó, el pasado nueve de mayo, 163 incidentes violentos registrados a partir del inicio de las campañas el 30 de abril, cifra negra que incluía 143 muertos y 67 heridos. El informe detalló que los muertos fueron 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a un cargo de elección popular, 17 exfuncionarios, 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro periodistas, cuatro líderes partidistas, cuatro militantes de partidos, tres jueces, tres presidentes municipales y otros 25 de personalidad indefinida.
El abogado, analista político y exlegislador federal Juan José Rodríguez Prats explicó a buzos que el sistema de partido único que mantuvo en el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 1917 y 1997, cuando perdió la mayoría en el Congreso Federal, “tuvo ciertas particularidades, y se habla del retorno a ese viejo sistema, nada más alejado de la realidad. Ese viejo sistema tenía dos principios fundamentales: había operación política, y esto es muy importante. Segundo, como señala la frase de don Jesús Reyes Heroles, en política, la forma es fondo”.
Rodríguez Prats apuntó: “No estoy diciendo que no haya habido grandes fallas, pero fue un sistema que perduró 83 años, pero hoy lo que vemos es una absoluta falta de operación política de parte del gobierno y de parte del Presidente de la República. Subsistiendo el régimen presidencial, no veo en el Presidente una capacidad y un respeto, ya no digamos a la ley y la Constitución, que se están violando, sino a los mínimos niveles de decencia y de civilidad”.
Rodríguez Prats alertó, además, que la crítica situación política actual podría verter en una turbulenta etapa de conflictos poselectorales en diversos estados de la República, después de que se conozcan los resultados del próximo siete de junio, lo cual traería severas consecuencias para México a causa del ambiente de polarización y violencia que ya prevalece.
Larga lista de víctimas
Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, postulada por el Movimiento Ciudadano (MC), fue atacada por un grupo armado el 26 de mayo, cuando realizaba actividades de proselitismo. En este mismo municipio, la semana anterior había sido agredido también a balazos Juan Guzmán Ramírez, aspirante a diputado local por la alianza PRI-PRD; sobrevivió.
Entre los muertos aparece Carlos Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Jalisco, del MC, quien murió el 10 de mayo. El día 13 fue asesinado Abel Murrieta Gutiérrez, aspirante a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, durante una gira de campaña en la que distribuía volantes alusivos a sus propuestas electorales.
La agresión contra Sevilla Cuevas ocurrió cerca de la Plaza Tutuli, de la citada localidad sonorense, cuando apareció un grupo de desconocidos que descargaron sus armas contra el candidato, quien murió cuando recibía los primeros auxilios.
Poco antes del inicio de las campañas, fijado para el 30 de abril, el 20 de marzo fue asesinada la panista Ivonne Gallegos Carreño, quien era candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Semanas antes, el 13 de enero, murió el también panista José Antonio Acota Cano, quien aspiraba a la alcaldía de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.
El cinco de marzo, aún en la condición de precandidato, fue asesinado el priista Yuriel González, quien había sido postulado a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. También fue abatido otro precandidato de nombre José Melquiades Vázquez, quien aspiraba a la alcaldía de La Perla, Veracruz; en su caso fue violentado a balazos por un grupo de desconocidos mientras transitaba por la localidad citada.
El 30 de marzo fue atacado Alejandro Galicia, candidato a regidor en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; murió en su vehículo mientras regresaba de sus actividades partidistas.
También fallecieron en ataques armados aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El morenista Pedro Gutiérrez, aspirante a la alcaldía de Chilón, Chiapas, fue emboscado a balazos por un grupo de desconocidos. Su compañera de partido, Carla Enríquez Merlin, aspirante a la alcaldía de Cosoleacaque, Veracruz, falleció tras el ataque armado que recibió mientras se encontraba al interior de su domicilio.
A unos días del inicio de las campañas falleció el exfutbolista y activista social Francisco Rocha Chávez, tras un ataque a balazos. Chávez sería candidato a diputado local por el PVEM. La agresión se registró en una vía pública de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Candidatos independientes también han sido asesinados; entre ellos, Luis Roberto Don Félix, buscaba ser regidor del municipio bajacaliforniano de Tecate y fue asesinado en un ataque a balazos ocurrido el ocho de abril, cuando se hallaba en un centro comercial.
Al día siguiente, nueve de abril, y en este mismo marco de violencia, falleció, en un ataque a balazos, José Santos Isaac Chávez, quería ser Comisario Ejidal de Ayotitlán, Jalisco.
En la ola de violencia del pasado marco electoral se dio, asimismo, el crimen cometido contra Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí. El dirigente empresarial fue abatido a tiros cuando esperaba su camioneta afuera de una vulcanizadora.
En la comisión de otros actos de violencia se dio la privación ilegal de la libertad de Omar Plancarte del PVEM,capturado por desconocidos en Uruapan, Michoacán y confinado aparentemente en un rancho de la comunidad de Caurio de Guadalupe, perteneciente al municipio de Jiménez.
En este marco de ataques armados contra candidatos y funcionarios, al mediodía del 28 de mayo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció, en un video difundido a través de las redes sociales, que había sido atacado por un comando armado cuando estaba de campaña en el estado de Tamaulipas.
Pero Delgado fue desmentido por el gobierno estatal, ya que los policías locales que lo resguardaban reportaron que no hubo ningún ataque. En su video, Delgado denuncia que en ese momento, mientras viajaba en su camioneta, era detenido por hombres que portaban armas largas.
Sin embargo, posteriormente se informó que la camioneta que emparejó a su vehículo y cuyos ocupantes lo agredieron verbalmente, transportaba a seguidores de Leticia Sánchez Guillermo, candidata morenista a diputada local. Inclusive, los guardias de seguridad estatal divulgaron, en redes sociales, un video en el que muestran que los presuntos atacantes no portaban armas largas, como denunció el dirigente de Morena.
Los policías de las fuerzas especiales estatales aseguraron que los presuntos atacantes eran en realidad seguidores de la aspirante morenista a una diputación local; Delgado había encabezado momentos antes una discusión con Leticia Sánchez durante el mitin de campaña. Sánchez lo cuestionó públicamente, incluso intentó arrebatarle el micrófono. Leticia Sánchez había quedado fuera de la contienda electoral cuando en su lugar fue postulado Mario López, aparentemente por instrucciones directas del líder de Morena.
Las víctimas por entidades
Según el informe de Integralia, hasta el nueve de mayo, de los 26 candidatos asesinados, seis eran del estado de Veracruz, cinco de Jalisco, tres de Oaxaca, dos de Guerrero, dos de Quintana Roo y dos de Guanajuato; en tanto que Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Chiapas habían aportado uno por entidad.
El estado con más hechos sangrientos en la pasada campaña electoral era hasta entonces Veracruz, con 33 casos, en los que 17 personas murieron y 16 resultaron heridas. El segundo lugar era Oaxaca, con 19 muertos y seis heridos.
Integralia destacó, en su análisis, que estos casos se produjeron por el desorden en la seguridad pública del país y que, en muchos casos, los asesinatos fueron ordenados por el crimen organizado que buscaba introducirse en el poder político local.
El despacho especializado en análisis de seguridad Etellekt divulgó, el cinco de mayo, su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, en el que afirma que el “proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015.
Mientras, las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo seis de junio de 2021”.
Etellekt precisó que, de manera similar a la elección de 2018, las amenazas contra aspirantes a un puesto de elección popular tuvieron como instrumento de violencia la amenaza verbal, que contabilizó 174 casos, de los cuales 133 fueron contra candidatos a un puesto de elección popular.
Explicó que las amenazas se hicieron particularmente a través de cuentas anónimas en redes sociales, así como por medio de mensajes de texto SMS y/o llamadas telefónicas desde números de prepago. El mensaje central de advertencia fue que los candidatos debían retirarse de la competencia. Según el despacho, entre los amenazados, 17 aspirantes renunciaron a su nominación. En estos hechos, las advertencias se dirigieron no solo en contra de los propios aspirantes, sino de sus familias.
En este contexto también se registró otra forma de agresión hacia candidatos mediante la irrupción violenta de grupos desconocidos en actos de campaña, tanto en zonas rurales como urbanas de los estados donde habrá elecciones locales.
Etellekt sostiene en su informe: “La violencia política representa no solo un atentado a la democracia, compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos”.
La consultora agrega que “al final del camino, cuando se haga el corte de caja después de la jornada electoral, será obligación de la autoridad averiguar quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia, así como esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados; y de haber políticos o candidatos inmiscuidos, hacer justicia tanto en la parte penal como electoral”.
Otro despacho de la misma consultoría reportó, el 29 de mayo, que estaban ocurriendo 25 ataques diarios contra personas relacionadas de alguna manera con las elecciones. Precisó que el 90 por ciento de los candidatos a presidencias municipales formaban parte de la oposición al alcalde en turno.
El 26 de mayo, la misión de observadores extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación ante los crecientes casos de violencia contra candidatos que se registraron durante las campañas electorales de 2021.
La protección a candidatos
Ante el escenario de alto riesgo, el consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a los partidos políticos, el 26 de mayo, a que enviaran sus peticiones de resguardo para sus candidatos.
Córdova explicó que las solicitudes de seguridad para aspirantes debían ser enviadas al Consejo General o bien a la Secretaría Ejecutiva, para que fuera remitida a las autoridades correspondientes. El titular del INE indicó que la institución puede ser un medio para tramitar resguardo personal; pero no tiene facultades para encargarse directamente de la integridad física de los aspirantes a puestos de elección popular.
Córdova citó el contenido del Artículo 244°, Inciso 30°, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), donde se establece: “el presidente del Consejo General del INE podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de la República, conforme los mecanismos internos de su partido se ostenten con tal carácter”.
Sobre la seguridad que las fuerzas policiacas brindan a los candidatos, el despacho de análisis citado de Integralia explicó que la Guardia Nacional (GN) solo fue enviada para el resguardo de candidatos a las 15 gubernaturas, y aspirantes a diputaciones federales; en tanto que las policías estatales y municipales se ocuparían de proteger al resto de candidatos a puestos de elección popular.
En marzo, la Secretaria de Protección Ciudadana (SSPC) federal puso en marcha una estrategia de protección para candidatos y, el 30 de abril, informó que entre los candidatos que habían denunciado amenazas en su contra y a sus familias, 65 recibieron protección de alguna instancia de seguridad, federal estatal o municipal.
Cuando se emitió este informe, la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, reveló que, de acuerdo con información de la dependencia, el 82 por ciento de los casos de los aspirantes agredidos eran aspirantes a una alcaldía.
También advirtió que la cantidad de personas a resguardar era muy alta “si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150 mil candidatas y candidatos a más de 21 mil cargos de elección popular”, y que la violencia en las elecciones no representaba un fenómeno generalizado, sino que se ubicaba en algunas zonas del país, donde la delincuencia organizada buscaba influir en el proceso electoral.
