De acuerdo con información publicada por Latinus, Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, admitió que vendió precursores químicos al Cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos.
El exdelegado del gobierno federal en Jalisco y uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, confesó a cambio de que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006 y para que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo quitara a él y a su entonces farmacéutica Lomedic de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico.
La negociación con el gobierno de Estados Unidos y la admisión de responsabilidades ante la DEA sucedió en 2010.
La empresa fue acusada en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser una fachada para el lavado de dinero del Cártel de los Amezcua Contreras y congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadounidense.
Fue entonces que el ahora candidato de Morena también fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas.
Los documentos y las declaraciones obtenidas por Latinus contradicen al candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Guadalajara, que públicamente ha insistido en que el gobierno de Estados Unidos lo sacó de la lista de OFAC porque no encontró elementos en su contra.
Una sentencia final de confiscamiento emitida por un juez de Distrito de El Paso el 27 de enero de 2011, detalla que Lomelí entregó de forma voluntaria sus bienes al gobierno de Estados Unidos y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en lavado de dinero.
En la sentencia, firmada por el juez Frank Montalvo, se establece que Lomelí y su esposa Karina Lucía Navarro Pérezentregaron al gobierno de Estados Unidos cerca de 2.7 millones de dólares depositados en tres cuentas de ese país. El dinero, incautado desde 2008, no fue reclamado por el candidato de Morena ni por su esposa, de acuerdo con el documento judicial.
La cuenta más grande, abierta en una subsidiaria del Banco New York Mellon, tenía depositados 1.9 millones de dólares. Las otras dos fueron incautadas con un saldo de 602 mil y 100 mil dólares, respectivamente.
Relación con el Cártel de Sinaloa
La declaración de responsabilidad y su asociación con el Cártel de Sinaloa, hasta ahora desconocida públicamente, fue narrada por un agente de la DEA en una reunión privada realizada en la embajada de Estados Unidos en México en marzo de 2012. Ahí estaban presentes dos agentes de la DEA, la agregada de la OFAC en México y un grupo de abogados.
“Lomelí habló con el gobierno de Estados Unidos, les dijo lo que sabía y dejó que Estados Unidos congelara $2.7 millones (de dólares) de sus activos. Admitió que vendió al crimen organizado, incluido el Cártel de Sinaloa, y firmó reconociendo su culpabilidad en una demostración de buena fe”, dijo uno de los agentes de la DEA identificado como “M”, según un registro escrito de 13 páginas al cual tuvo acceso Latinus.
Lomelí siguió en el negocio farmacéutico y se convirtió en 2015 en diputado federal plurinominal postulado por Movimiento Ciudadano, aunque más tarde pasó a formar parte de la bancada de Morena.
Dos años después, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro, señaló de nuevo a una empresa en la que Lomelí era socio. Servicios Educativos y de Negocios apareció en una lista de la OFAC como parte de una red de empresas ligadas al narcotraficante Raúl Flores Hernández.
En 2018, con Lomelí ya en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, el empresario fue postulado por Morena como candidato a la gubernatura de Jalisco.
Tras perder la elección con Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, Lomelí fue designado por el presidente López Obrador como delegado del gobierno federal en Jalisco y renunció en julio de 2019, cuando las empresas farmacéuticas de las que era dueño eran investigadas por la Secretaría de la Función Pública por la venta de medicamentos al gobierno.
