La Organización de las Naciones Unidas dijo este martes 18 de mayo que unos 52.000 palestinos quedaron desplazados tras los bombardeos israelíes que han dañado unos 450 edificios en la Franja de Gaza. Los miles de refugiados se parapetan en 58 escuelas en serias condiciones de hacinamiento.
Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)declaró a periodistas que desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Gaza los últimos nueve días, 132 edificios fueron destruidos y 316 resultaron gravemente dañados. Laerke afirmó que la ONU y sus aliados están listos para dar asistencia humanitaria en cuanto la seguridad lo permita.
Entre la infraestructura afectada en Gaza se encuentran seis hospitales, nueve centros de atención y una planta purificadora que afectó el acceso al agua a unas 250.000 personas, según la ONU.
Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que entre los desplazados existe riesgo de enfermedades y la propagación del Covid-19 debido al hacinamiento y la falta de insumos médicos que no llegan por los riesgos de seguridad.
Amnistía Internacional: «Ataques pueden constituir crímenes de guerra»
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional solicitó una investigación sobre los ataques contra estructuras residenciales en Gaza que se vienen reportando desde que explotó el conflicto el 10 de mayo.
«Las fuerzas israelíes han mostrado indiferencia por la vida de los civiles palestinos al llevar a cabo una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales que en algunos casos han matado a familias enteras, incluidos niños, y han causado destrucción sin sentido a la propiedad civil, en ataques que pueden constituir crímenes de guerra. o crímenes de lesa humanidad «, expresó la organización en un comunicado.
Israel justifica que solo se defiende de los ataques contra su población civil y que dispara solo en sitios que considera objetivos militares y que envía advertencias para que los edificios sean evacuados, pero Amnistía ha registrado casos que contradicen la versión israelí y por eso solicitó a la Corte Penal Internacional que abra una investigación.