Entre 2018 y 2020 desaparecieron cuatro mil 159 personas en el estado de Puebla, en promedio, un caso cada ocho horas (193), cifra que tiende a mantenerse en el primer bimestre de este año.
Karen Santos // @KarenSantosOfic
@BuzosNoticias
Entre 2018 y 2020 desaparecieron cuatro mil 159 personas en el estado de Puebla, en promedio, un caso cada ocho horas (193), cifra que tiende a mantenerse en el primer bimestre de este año. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2018 hubo mil 344 denuncias; en 2019, mil 507; y en 2020, mil 308.
“¿Lo has visto? Ayúdanos a encontrarlo”, se lee en múltiples imágenes que circulan diariamente por redes sociales. Los desaparecidos son de todas las edades: recién nacidos, niños en edad escolar, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. En sus fotografías se lee el aviso “se busca”. Muchos llevan varios días lejos de sus familiares; algunos otros, años.
En Puebla, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO), existen actualmente dos mil 671 personas desaparecidas; pero colectivos como Voz de los Desaparecidos en Puebla aseguran que ya son dos mil 773. El año pasado solo se encontraron 148 entre el 30 de enero y principios de diciembre, según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP).
Este año inició con 193 carpetas de investigación por desapariciones; pero las autoridades no ven “tan alarmante” este número, porque es menor en 87 casos a los 280 registrados en el mismo periodo 2020. En el primer bimestre de 2021, Puebla-capital sigue ocupando el primer lugar con 93, es decir con el 48 por ciento del total en el estado.
Le sigue Tehuacán, otra de las ciudades más importantes del estado; ahí las cifras difieren porque la FGE reporta 11 casos y el área de Atención a Víctimas del Delito de Tehuacán (AVDT) más de 20, sin considerar varias desapariciones que no son reportadas a las autoridades.
La FGE, en coordinación con la CBPEP, la Guardia Nacional (GN), el Ejército, la policía municipal, Protección Civil y el cuerpo de bomberos ha realizado, este año, al menos cinco operativos de búsqueda de personas desaparecidas; pero los familiares y los colectivos que no fueron considerados señalan que sus resultados se mantienen ocultos.
Hay casos en los que la FGE, además de no informar del avance en las investigaciones, se ha tardado cuatro añospara iniciar las pesquisas, como ocurrió con el de Roxana Sánchez Olguín, quien fue vista por última vez el 31 de enero de 2017 en el municipio de Esperanza; fue hasta finales de marzo cuando se inició su búsqueda, denunció su hermana.
Es por estas razones que, en Puebla, los familiares de los desaparecidos, siguiendo el ejemplo de otros estados, han asumido la búsqueda de sus seres queridos con todo lo que ésta implica: investigación, exploración, organización, gastos y coordinación con las autoridades locales, sobre todo en materia de seguridad física; pues muchas veces se hallan frente a fosas clandestinas.
El año pasado, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, el Colectivo “Voz de los desaparecidos”, y algunas familias más, se unificaron en la escarda de varias fosas ubicadas en los municipios del llamado “Triángulo rojo”.
“Congeladaˮ ley para desaparecidos
En noviembre de 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor en 2018. Esta legislación tiene, entre otros objetivos, establecer tipos penales en materia de desapariciones; la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el establecimiento de las formas en que deben participar los familiares en estas acciones.
A partir de su activación, las entidades tenían seis meses para armonizar sus legislaciones con esa nueva normativa; pero en Puebla esto no ha ocurrido, porque el Congreso local y gobierno estatal lo omiten. El primer paso fue realizado por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y la Universidad Iberoamericana (UIB) campus Puebla (Ibero), con un proyecto de “Ley en materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla”.
Esta iniciativa fue presentada el 15 de julio, en el pleno, por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de laComisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla. Ese mismo día fue turnada a comisiones con el compromiso de votarla el día 15 de septiembre. Además de su homologación con la ley general, esta legislación garantiza la participación de los familiares de las víctimas y obliga a las autoridades a informar y evaluar las investigaciones.
Pero el 15 de septiembre llegó y la propuesta nunca fue votada, y permanece en la “congeladora” del Congreso estatal junto a muchas iniciativas consideradas urgentes, pese a que el entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), el morenista Gabriel Biestro Medinilla, la había promovido como prioridad para el Congreso. Sin duda, su infructuosa búsqueda por la candidatura a la alcaldía de Puebla fue más apremiante que el dictamen y la votación de este proyecto legal.
En febrero, siete meses después de la presentación de esta iniciativa, la Ibero de Puebla presentó un oficio para exigir al Congreso que se discutiera la iniciativa: “A casi un mes de la presentación del oficio, no recibimos respuesta por parte del Dip. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Dip. María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. En vista de la solicitud de licencia temporal del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, lamentamos profundamente su omisión, pues refleja falta de compromiso frente a una problemática tan dolorosa”, sostuvo el comunicado. En el marco del #8M, el colectivo Voz de los desaparecidos realizó varias marchas en la capital poblana para exigir que se aceleren las investigaciones de los desaparecidos y que se apruebe la ley poblana en materia de desaparición de personas.
María Luisa Núñez, presidenta y fundadora del colectivo, quien lleva más de cuatro años buscando a su hijo Juan de Dios Núñez Barojas, criticó las acciones del Congreso Local porque, hace un año, se quedó el proyecto en sus manos y “no le han puesto atención. No les dijimos ‘hagan el proyecto, estudien, analicen’. Se les hizo la tarea y ni por eso”.
En una carta abierta al Congreso de Puebla, el Colectivo pidió que “por dignidad y amor a nuestros familiares ya no podemos esperar más, por esto les solicitamos amablemente (…) a ustedes como legisladoras y legisladores, como representantes, como personas con dignidad y con seres queridos: que aprueben la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, porque queremos encontrarles, queremos saber la verdad y queremos Justicia y Paz”.
El domingo cuatro de abril se manifestaron nuevamente en la plaza central de la capital; pero esta vez utilizaron las vallas protectoras frente a los edificios en remodelación para pintar los nombres de los desaparecidos, y los tapizaron con sus fotografías y la leyenda “Se busca”. Pero éstas y las pintas fueron rápidamente cubiertas.
Voz de los Desaparecidos también ha optado por plantear sus demandas a través de la plataforma Change.org, para que sus lectores se sumen a la exigencia de que el Congreso de Puebla apruebe la ley local. “Ya no podemos esperar (…) una persona desaparecida no está viva ni está muerta, es una persona que falta en una familia, es un abismo nuevo, por eso creemos que, sin importar lo que haya hecho, ninguna persona merece ser desaparecida”, se lee en la petición que, el fin de la semana anterior, llevaba más de mil firmas.
María Luisa Núñez afirma que esto es algo que “ni siquiera tendríamos que estar haciendo” … pero “estas firmas que estamos recabando son enfocadas a la visibilización respecto al incumplimiento de responsabilidades respecto a los diputados”. Además, criticó que el presidente del Congreso con licencia, Biestro Medinilla, esté más preocupado en impugnar la elección de Claudia Rivera como candidata que en legislar para los poblanos.
Crisis en Puebla por los feminicidios
“No solo te llevaste a mi hija Betzabé. Te llevaste la tranquilidad de toda su familia”, se lee en el cartel que lleva en la espalda la mamá de Betzabé Alvarado. Va en la marcha de Voz de los Desaparecidos; la acompaña su esposo y su hijo menor. Los tres se envuelven con cartulinas; al frente, la ficha de la víctima, desaparecida en la zona Villa Frontera, de la capital poblana, la tarde del 13 de enero.
De acuerdo al informe Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y utilizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Puebla ocupa el segundo lugar en el nivel nacional con más mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas de 2018 a 2020.
Un estudio más amplio, efectuado por el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) con datos de la FGE, titulado Mujeres Desaparecidas en el estado de Puebla 2015-2019, revela que, en ese lapso, se reportaron dos mil 928 mujeres desaparecidas, entre las cuales dos mil 253 fueron encontradas vivas, 30 muertas y 645 todavía no son localizadas. El año con más desapariciones de mujeres fue 2019, con 783 casos, de los que 23 siguen sin ser ubicadas y siete perdieron la vida.
Un análisis del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la UIB- Puebla, evidencia que del total de las personas desaparecidas, el 54.27 por ciento son mujeres. Su titular, Rosario Arrambide González, destacó que “es un dato importante porque se supera el promedio nacional que es de 42 por ciento. Los datos nos indican que en Puebla están desapareciendo mujeres, y la mayoría son jóvenes entre los 10 y los 19 años de edad”.
Organismos civiles y colectivos han declarado que las desapariciones de mujeres en la entidad están ampliamente relacionadas con el delito de trata de personas y con el de feminicidios, y que la desaparición “voluntaria” es mínima, es decir, cuando las mujeres dejan su casa y familia por decisión propia.
El gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta se ha empeñado en minimizar esta situación. El año pasado afirmó que las desapariciones eran, sobre todo, voluntarias. “La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que se ausentaron de sus hogares por un día, dos días, tres días, por un periodo muy simple, y el tiempo en el cual no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo”.
En el caso de las mujeres desaparecidas, el mandatario se limitó a decir que “ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas, pues con su novio, por ejemplo, en algún lugar en Puebla mismo, y ya quedaron en el registro de desaparecidas”.
Estas declaraciones molestaron a los familiares de las desaparecidas, pues crean un ambiente de apoyo nulo y falta de seriedad al problema de las desapariciones. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Puebla es uno de los 10 estados que anualmente registran más víctimas de trata, la mayoría jóvenes y niñas.
