El mundo está dividido en dos. De un lado, los que poseen la riqueza; del otro, los que solo tienen deudas. En México, la estrategia del gobierno consiste en entregar apoyos monetarios directos; pero es muy insuficiente, a costa de la inversión pública.
Vania Sánchez Trujillo
En días recientes, el Reporte de Desigualdad Mundial 2022 publicó los datos más completos y actualizados de la pésima distribución de la riqueza que hay entre los individuos y los países del orbe, así como una evaluación en esta materia sobre el desempeño cuantitativo y cualitativo de los Estados nacionales. El análisis refiere, por ejemplo, que si el ingreso generado por una economía con determinada capacidad productiva se repartiera por igual, cada uno de sus individuos llevaría una vida sin carencias. En el caso de los países de la Unión Europea, el promedio sería de más de 16 mil euros anuales per cápita. Sin embargo, es tan evidente la mala distribución del ingreso que ésta “se trasmina” al resto de los problemas sociales vitales, como salud, seguridad pública, deterioro ambiental, etc.
Esto se debe a que la riqueza se concentra en el 10 por ciento más rico, que acapara más de la mitad del ingreso global; y algunos de sus integrantes poseen hasta tres de cada cuatro unidades monetarias del ingreso nacional. Es decir, la desigualdad condena a la pobreza a miles de millones de personas de cientos de países, en donde éstas no pueden desplegar adecuadamente sus capacidades productivas, ni mucho menos satisfacer sus necesidades vitales más elementales. El reporte afirma, asimismo, que desde la década de los 70, mientras la riqueza en manos privadas ha aumentado, el poder público de los Estados ha decaído sistemáticamente.
En México no solo destaca la mala distribución del ingreso, sino que, además, la dimensión y la persistencia de su desigualdad fue una de las mayores en el Siglo XX, ya que en ese periodo no hubo ninguna reducción en sus indicadores –salvo la pobreza en el proceso de industrialización rápida– a diferencia de lo ocurrido en Europa, Asia y Estados Unidos. En los últimos 21 años, entre el 55 y el 60 por ciento del ingreso fue acaparado por el 10 por ciento de la población nacional. Actualmente, el ingreso promedio de un individuo del sector rico es 30 veces mayor al del ingreso de un individuo que forma parte del 50 por ciento más pobre. Si habláramos de un pastel de un kilogramo, a ese 10 por ciento más rico (13 millones) le corresponderían 574 gramos, ¡y 426 gramos tendrían que ser repartidos entre 65 millones de pobres! Pero además, a los magros ingresos hay que restar las deudas obligatorias a tenderos, usureros y a los bancos. En contraste, el 10 por ciento más rico posee el 78 por ciento de la riqueza generada en México, cuyo 47 por ciento se concentra en el uno por ciento de la población: apenas un millón de personas.
El mundo está dividido en dos. De un lado están los que poseen la riqueza y del otro los que solo tienen deudas. En México, la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la pobreza consiste en entregar apoyos monetarios directos; pero es muy insuficiente y se ejecuta a costa de la inversión pública productiva y social. El Reporte de Desigualdad Mundial 2022 sugiere que el mejor mecanismo para lograr el desarrollo socioeconómico de un país es una reforma fiscal progresiva que permita a los Estados obtener mayores recursos para promover el empleo y mejorar los salarios laborales; sin embargo, este gobierno se niega a hacerla y con ello condena a la economía a un menor crecimiento y a más y mayor pobreza en las mayorías. En este rosario de datos penosos hay uno solo que beneficia a los pobres: que su número en millones resulta mayor y que, para superar su pobreza y hacer más justo a este país, debe unirse, organizarse y luchar en una causa común para lograr ambos objetivos.
