El empresario Carlos Ahumada amenazó con exhibir a funcionarios de alto nivel del Presidente Andrés Manuel López Obrador si no cesa la persecución en su contra.
Lo anterior luego que la justicia de Argentina declaró procedente su extradición a México, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el delito de fraude genérico del fuero común.
«Por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador, especialmente en este caso Claudia Sheinbaum, van a conseguir llevarme a México«, dijo el empresario en entrevista con Radio Fórmula.
Ahumada señaló que quiere respetar el pacto de silencio que hizo en octubre de 2017 con un mensajero que presuntamente mandó López Obrador.
«No quiero dar a conocer más videos y toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del Gobierno de México«, indicó.
«Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel».
El empresario sostuvo que todos ellos y «muchos otros» fueron a sus oficinas.
En la entrevista con Radio Fórmula, pidió al Gobierno federal y capitalino enfocarse en los problemas del País y a nivel local.
«Por favor déjenme en paz, borren de su mente el nombre de Carlos Ahumada (…) que cese la sed de venganza«, expresó.
«Yo ya los perdoné, no les guardo rencor, no cometí ningún delito«.
Los delitos por los que buscan aprehenderlo están relacionados con contratos de obras públicas en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se obtuvo la orden de aprehensión por un juzgado penal de la capital, informó la Fiscalía de la CDMX.
En 2004, Ahumada fue aprehendido y pasó tres años y un mes en el Reclusorio Varonil Norte, hasta que un juez le otorgó una sentencia absolutoria en 2007.
Sobre su extradición, el empresario aseguró que ya apeló la resolución y en febrero será analizada por la Corte de Argentina.
Vía Reforma