Una jueza de control emitió una orden de aprehensión en contra de Francisco Romero Serrano, quien es Auditor Superior del Estado, y fue acusado por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su esposa de nombre Joseline y de su hijo quien padece de autismo.
En su rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó estos hechos al tiempo que aseguró que los servidores públicos de su gobierno deben tener un “comportamiento ejemplar”, que incluya lo ético y lo moral.
“Aquí no hay impunidad en Puebla…Ya no es el tiempo de las francas chelas, no, ya para este gobierno se acabaron las reuniones públicas, de servidores públicos con gente importante… menos acudir a lugares de donde hay otro tipo festejos: bares, tables, eso cómo va a ser posible”, sentenció sin aclarar si se refería al auditor.
Periódico Central publicó que la orden de aprehensión de Francisco N, se deriva de hechos ocurridos el 26 de octubre cuando el funcionario llegó en estado de ebriedad a su casa y empezó a agredir física y verbalmente a su pareja, a su hijo y a la nana.
Según esa información, el auditor persiguió a Joseline por las calles cercanas a su casa sin poder alcanzarla y que, cuando ella pretendió regresar, Francisco N ya no la dejó entrar al domicilio.
Esta orden de aprehensión coincide con las versiones de que el mandatario estatal pretendía la remoción del auditor y que incluso se había aprobado en el Congreso del Estado una reforma constitucional propuesta por el ejecutivo para facilitar su salida.
Francisco N, fue designado Auditor Superior del Estado en medio de una polémica pues había el antecedente de que participó en la campaña por la gubernatura como promotor de Barbosa y que había buscado ser candidato a diputado federal por Morena.
Los desencuentros con el mandatario fueron públicos hace unos días cuando Barbosa rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para disculparse públicamente con Jorge Aguilar Chedraui, ex secretario de Salud, a quien acusó de haber cometido actos de corrupción.
Contrario al mandatario, el auditor decidió aceptar la recomendación que lo obligaba además a registrar a Aguilar Chedraui como víctima y ofrecerle una indemnización por daño moral.
Entrevistado por Milenio Puebla, el auditor señaló que, pese a no haber sido notificado en ningún momento por las autoridades ministeriales sobre algún tipo de denuncia en su contra, tanto él como su equipo legal hicieron la petición de un amparo, mismo que fue otorgado el pasado 21 de diciembre del año en curso.
