Aquiles Montaño Brito
Primero. La mañana del miércoles 15 de diciembre, a la colonia Unidad Antorchista de la Reserva Vergara Tarimoya IV del puerto de Veracruz varias patrullas de la Fuerza Civil del estado, “halcones” que iban en autos particulares y un helicóptero no oficial amenazaron a los colonos durante varias horas en los que realizaron rondines, se pasearon por las calles, y filmaron y fotografiaron, “en una actitud bastante sospechosa”, casas seleccionadas. Los policías, hicieron, pues, un mapa fotográfico de la colonia. No es la primera vez que esto sucede en la colonia Unidad Antorchista. Hace un año, antes de que fueran secuestrados cuatro activistas de la organización el día 8 de octubre de 2020, ocurrieron hechos similares, pues carros particulares, motocicletas y taxis halconearon en la zona en busca de los secuestrados en los días previos y recorrieron la colonia para saber cómo moverse rápidamente por las calles.
Segundo. La mañana del martes 14 de diciembre, la red social Facebook eliminó el artículo del Ing. Samuel Aguirre Ochoa, líder del Movimiento Antorchista en Veracruz, que se tituló “Notario hermano de Reynaldo Escobar Pérez emite un poder notarial falso a un defraudador”. Facebook dijo que la “publicación infringe las normas comunitarias”; pero eliminar el artículo fue obedecer, en realidad, las órdenes de alguien con poder y dinero que no deseaba verse involucrado en la denuncia. En el artículo, se explicaba quién maquinó “involucrarme -dijo el Ing. Samuel Aguirre- en actos fraudulentos para poder fabricar un expediente penal y utilizarlo para reprimirme políticamente y de esa manera tratar de evitar que siga gestionando las demandas de los campesinos, colonos, estudiantes y maestros”. Aguirre Ochoa daba nombres y pruebas de cómo un grupo de estafadores fue ayudado por la Notaría Pública No. 21 y gente delGobierno estatal para falsificar documentación con la que “venderían” en múltiples ocasiones un predio propiedad de Aguirre Ochoa y generar así un problema legal para que los compradores interpusieran denuncias contra él. Una de esas denuncias ya se interpuso y fue la propia Fiscalía General del Estado la encargada de someter a juicio al líder veracruzano. En el artículo citado, el autor dice: “Si a esto le agregamos el clima de persecución y represión que impera en Veracruz contra los opositores o disidentes del gobierno del estado, se incrementa la posibilidad de que estamos ante un expediente prefabricado para llevar a cabo un acto de represión”. En castellano esto quiere decir: el encarcelamiento. Pero la Fiscalía tiene un problema serio. Samuel Aguirre Ochoa es inocente y es, además, víctima de los siguientes delitos: Falsificación de documentos oficiales, Usurpación de identidad, Uso de documentos falsos y delitos contra la fe pública. ¿Quiénes son los culpables? Los dos defraudadores contra quienes ya se presentaron las denuncias, el notario que falsificó los documentos y los funcionarios que resulten responsables.
Tercero. No es la primera vez que denunciamos actos de represión contra el Movimiento Antorchista en Veracruz. Narro los hechos: En julio de 2019, después de una manifestación pacífica de campesinos y colonos veracruzanos, que denunciaron la falta de obras y servicios en sus comunidades, un grupo policiaco armado con metralletas de alto calibre intentó detener al líder estatal Samuel Aguirre. Sin embargo, los jóvenes que lo acompañaban lo impidieron. De inmediato se iniciaron procesos penales en su contra, con carpetas de investigación fabricadas y delitos inventados, ¡también desde la Fiscalía del Estado! Gracias a la defensa legal, las protestas pacíficas y la denuncia mediática se impidió el encarcelamiento injustificado. En abril de 2020, cuando denunciaban al inicio de la pandemia la falta de un plan alimentario para ayudar a la gente, el gobierno de Veracruz puso en marcha una campaña de terror con llamadas telefónicas amenazantes contra decenas de líderes, jóvenes artistas y deportistas de nuestra organización, para amedrentarlos y hacer que desistieran de su lucha. Lo denunciamos en la prensa y las redes sociales. Pero eso no es todo. Los crímenes contra los antorchistas llegaron más lejos. La tarde del 8 de octubre de 2020, cuatro activistas de nuestra organización, uno de ellos integrante del Comité Estatal, fueron secuestrados cerca de la Reserva Territorial Vergara Tarimoya 4, en el municipio de Veracruz. “Se trata de una acción planeada por Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno de Veracruz, solo porque han pedido ser atendidos por las dependencias estatales y resuelvan los asuntos de sus agremiados”, reportó el mismo jueves el portal stvpuebla.com. Un día después, la dirigencia en el estado afirmó: “Es una situación grave. Se trata de una acción intimidatoria y represiva de gente del gobierno del estado (…). Creemos que es un operativo montado por el gobierno de Veracruz encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, con el objetivo de reprimir e intimidar al antorchismo veracruzano para frenar los planteamientos de los campesinos y colonos, y las críticas a su mal gobierno” (nota del portal esnoticiahoy.com). Tras varias movilizaciones en el estado, campañas en Twitter y denuncias en la prensa local y nacional, los cuatro secuestrados fueron liberados en medio de una carretera, pero con una petición: “díganle a los antorchistas que ya le paren a su escándalo”.
Antorcha no es la única víctima de la “justicia morenista” de Cuitláhuac García Jiménez. El 20 de noviembre, el senador Ricardo Monreal denunció cómo el gobierno de Veracruz utiliza el delito de ultrajes a la autoridad para fabricar procesos penales contra ciudadanos inocentes. El diariodexapala.com.mx publicó lo siguiente: “El delito de ultrajes a la autoridad está de moda en Veracruz y se utiliza para privar de su libertad a personas inocentes. El coordinador de Morena en el senado de la República llamó al Poder Judicial del Estado de Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a intervenir en este tema. Ojalá haya sensibilidad para que no se siga arruinando la vida de jóvenes o ciudadanos inocentes abusados por el poder público y que son gravemente lesionados en sus derechos humanos”. El periódico nacional “emeequis”, del 3 de diciembre, titulaba una nota: “Odio jarocho. La Fiscalía de Cuitláhuac García se enreda en detenciones de políticos”. En la redacción, dice: “En Veracruz parece que está en marcha una cacería de políticos osquestado por el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal Verónica Hernández Giadáns. (…) En menos de una semana fueron detenidos en condiciones fuera de la ortodoxia el morenista Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de Lerdo de Tejada, y el candidato a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín Cano. (…) Lo que ocurre, según se comenta entre muros parlamentarios capitalinos, es que el gobernador García decidió “fajarse los pantalones” y “hacerse respetar”. Fue a finales de octubre, presuntamente, cuando se tomaron las trascendentales decisiones en el palacio de gobierno de Xalapa”. La duda es: ¿Samuel Aguirre Ochoa es de las primeras víctimas de esa “cacería de políticos”?
El Movimiento Antorchista Nacional informa de este peligro a todos los grupos de colonos y campesinos a nivel nacional, estamos iniciando la denuncia en la prensa de todos los estados y alistamos ya las manifestaciones en Veracruz en defensa de la libertad de un luchador social que solo ha cometido un delito: exigir bienestar para el pueblo trabajador. Ese mismo pueblo saldrá a defenderlo.
