Finalmente, el Congreso del estado avaló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) inicie Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) contra 36 exdiputados, exalcaldes y exdirectores de órganos municipales por un aparente daño patrimonial que entre todos suma 62 millones 56 mil 4 pesos.
En la lista, como ya se había adelantado, figura el morenista-petista José Juan Espinosa Torres, por su gestión al frente de San Pedro Cholula; la priista Ernestina Fernández Méndez, de Tehuacán; Maribel Ramírez Pablo, de Xayacatlán de Bravo; el perredista José Isaías Velázquez Reyes, de Atzitzintla; Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración, en Palmar de Bravo.
Estos últimos fueron vinculados, además, con el crimen organizado y el robo de combustible.
¡Y qué decir de otros! Recordemos al expresidente de Tehuacán, Felipe “N”, quien se encuentra en prisión; o al exedil de Ajalpan, que anda prófugo.
En fin… si el pueblo, en su momento los eligió, es momento de que le rindan cuentas a quienes, desafortunadamente, depositaron su confianza en ellos.
