Erika Nieto
La muerte de más de 50 migrantes en la volcadura del trailer en el que viajaban más de 150 indocumentados por las carreteras de Chiapas, es la gota que derrama el vaso del llamado constante que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se implementen políticas públicas que eviten este tipo de tragedias.
De todos es sabido que la situación socio-político-económica de todos estos países expulsores de mano de obra, incluyendo a México, está provocando la salida de cientos de sus ciudadanos que huyen de la violencia, de la pobreza, de la persecución, de la falta de oportunidades y hasta de los efectos del cambio climático.
Y aunque los migrantes pagan tarifas que van desde los 4 mil hasta los 10 o 12 mil dólares para llegar a Estados Unidos, los polleros toman medidas extremas y peligrosas para trasladarlos de una forma más rápida por las vías terrestres mexicanas, con el fin de no ser detectados por la autoridad.
Históricamente los migrantes han representado un negocio de miles de millones de dólares. La necesidad de ser guiados hasta la Unión Americana y de cruzar la línea para internarse en territorio norteamericano sin ser detenido, se paga muy caro. La mayoría asume deudas casi impagables para migrar al norte con la esperanza de saldarlas en cuanto empiecen a trabajar en el otro lado. Desafortunadamente ese objetivo es más difícil de alcanzar día con día.
Según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),durante el 2021 muchas rutas migratorias registraron un preocupante aumento en las cifras de muertes y desaparecidos. Por lo menos 650 personas han muerto al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, la mayor cifra anual desde el 2014 que se empezó con la captura de esta información. Y es que, la cifra de migrantes muertos y desaparecidos asciende a casi 6 mil en Centroamérica, El Caribe y la frontera entre México y Estados Unidos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su capítulo México afirmó en sus redes sociales que “se requieren de alternativas migratorias y vías legales para evitar tragedias como ésta”. Más de 50 organizaciones defensoras de migrantes emitieron también un comunicado en el que expresaron que “la militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso”.
Desafortunadamente son en vano los constantes llamados del gobierno de Joe Biden para que los migrantes no arriesguen su vida exponiéndose a los peligros de la migración ilegal. Mientras que los acuerdos diplomáticos entre países y programas como “Sembrando oportunidades” representan un paliativo para una crisis migratoria sin precedentes en América Latina, es un dinero que no frena la migración pues no resuelve de raíz el problema como en los discursos políticos tanto se presume.
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