La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó respeto a la actividad periodística y garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información en los estados de Puebla, Jalisco y Guerrero.
El organismo autónomo hizo un llamado especial al gobierno de Puebla, encabezado por el morenista Miguel Barbosa Huerta para que respete la actividad periodística y que asegure el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información.
En dicho documento se retoma la persecución financiera a la que han sido sometidos los medios poblanos E-Consulta y El Popular; cuyo director del primer medio (Rodolfo Ruiz) ha sido demandado por siete casos de presunto daño moral, y por la que se reclama 37 millones de pesos como indemnización a los aparentes afectados, ligados al gobierno de Puebla. Mientras que Carolina Fernández Galindo, directora de El Popular, ha sido denunciada por presunto lavado de dinero.
“Luego de que los medios e-consulta y El Popular, acusaron al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, de realizar un proceso de hostigamiento administrativo en su contra, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la CNDH llama a las autoridades estatales a salvaguardar la libertad de expresión».
No es la primera vez que al mandatario poblano lo invitan a cesar el hostigamiento contra medios críticos a su administración, y no coartar la libertad de expresión de los periodistas.
El primer llamado lo hizo la organización defensora de la libertad de expresión y acceso a la información ARTICLE19, el pasado 18 de noviembre, en donde se exigió a la «Secretaría de Planeación y Finanzas frenar el hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación (E-Consulta y El Popular) como represalia por su postura crítica frente al gobierno encabezado por Miguel Barbosa.»
Un segundo llamado fue hecho en un desplegado emitido por medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles en el que reclamaron al gobernador para dejar las prácticas de autoritarismo.
Mientras que en una tercera vez, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el acoso del gobernador de Puebla recordando que «este tipo de acciones limitan el desempeño de las libertades de expresión y de prensa, sobre todo cuando tienen la intención de castigar a medios independientes y críticos».
En esta ocasión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha exhortado al ejecutivo a cesar el hostigamiento contra medios críticos a su administración, y no coartar la libertad de expresión de los periodistas.
El mismo llamado también fue para los gobiernos de Jalisco y Guerrero; en el primer caso debido a las declaraciones del gobernador, Enrique Alfaro, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre delitos de alto impacto porque afectan al turismo.
En el caso de Guerrero el llamado de atención se hace para respetar la libertad de expresión, pues en reiteradas ocasiones se encuentran declaraciones de odio contra la prensa incluso responsabilizándose de la creciente violencia local por parte de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Ante la persistencia de agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios, la CNDH enfatiza la urgencia de que todas las autoridades federales, estatales y municipales tomen las medidas necesarias, a fin de que la labor informativa no se vea afectada de manera directa o indirecta y eviten expresiones que coarten los derechos fundamentales de las y los periodistas.
En ese sentido, la CNDH subrayó que ante el contexto de violencia que las y los comunicadores continúan enfrentando en el país es sumamente importante que se reconozca, respete y difunda la relevancia de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, fortaleciendo con ello una cultura de respeto a sus derechos humanos.
Al final del comunicado se puede leer lo siguiente: “Esta Comisión Nacional considera pertinente seguir revisando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear un frente común entre autoridades federales y locales y los propios comunicadores, para apoyar y defender a quienes inclusive, a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía”.
