El mandatario colombiano compareció ante el país para anunciar su marcha atrás en la propuesta de reforma tributaria que ha originado días de protestas en todo el país, aunque afirmó que se tramitará un nuevo proyecto. La polémica reforma encontró un firme rechazó de los colombianos debido a su gravamen de impuestos sobre las clases medias y bajas en un momento de profunda crisis en el país.
El presidente Iván Duque anunció la retirada de su polémica reforma tributaria. La falta de consenso político y la crítica situación de orden público y denuncias de violaciones a los derechos humanos, en medio de cuatro días consecutivos de protestas en todo el país, llevaron al mandatario a tomar la decisión.
"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", dijo Duque, por lo que aún pide una iniciativa de ley en esta materia.
El texto inicial de su proyecto, la tercera reforma tributaria de su Gobierno que ha llevado el hartazgo de los colombianos al límite, carga un importante aumento de impuestos sobre la clase media y baja del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, en un momento de crisis por las restricciones impuestas a la economía ante la pandemia del Covid-19.
¿Cómo quedaría la nueva reforma?
Según el mandatario colombiano el texto inicial de su proyecto tiene algunos consensos que mantendría. Entre ellos están: sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado.
"La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", manifestó.
Sin embargo, el Ejecutivo asegura que retira de la iniciativa de ley más impuestos a la canasta básica familiar y más responsables del pago de renta, gravámenes para personas naturales.
Presión social y denuncias de violación a los derechos humanos en las protestas
Este primero de mayo las movilizaciones aumentaron en todo el país con motivo del Día del Trabajador y los enfrentamientos de la policía con los manifestantes se recrudecieron en ciudades como Cali, donde la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y la ONG Temblores denunciaron la muerte de al menos siete manifestantes a causa de disparos propinados por la fuerza pública. Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, solo ha constatado un fallecimiento en el marco de las protestas.
Las ONG también reportaron decenas de detenciones arbitrarias, golpizas y hurtos contra los arrestados. En Bogotá, la capital, en las últimas horas una joven señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de un agente del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), cuando protestaba «pacíficamente».
Pese a las críticas, el presidente autorizó la militarización de las calles lo que ahondó la alarma de numerosos organismos nacionales e internacionales como Human Rights Watch que reprocharon un uso desproporcionado de la fuerza.
(Con EFE y medios locales)
