Por Karen Santos
De enero a julio de este año, en el gobierno de AMLO (federal) y de Barbosa (estatal) el promedio mensual de tomas clandestinas a ductos fue de 169, el más alto reportado en lo que va del sexenio presidencial 2018-2024.
En la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró: “ha bajado enormemente el robo de gasolina, es cinco veces menor a lo que teníamos al arranque de nuestro gobierno… decirle, señor Presidente, en Puebla no vamos a fallarˮ.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval González, había informado que el Ejército había ubicado tres mil 702 tomas clandestinas de combustible (huachicol) en nueve municipios de Puebla y se habían recuperado más de 19 millones de metros cúbicos de combustibles.
En esa misma ocasión, el titular de la Sedena reveló que el número de tomas clandestinas en Puebla representaba un aumento del siete por ciento con respecto al año anterior, y que, en el combate al robo de combustibles, el Ejército había capturado a 202 personas en lo que iba de la administración federal de AMLO.
Hasta el último trimestre de este año, Tepeaca y San Martín Texmelucan eran los municipios que encabezaban el robo de hidrocarburos en Puebla con dos mil 21 tomas clandestinas desde septiembre de 2018. Al inicio de 2021, Tepeaca era el segundo municipio en el territorio nacional con más tomas; y Texmelucan ocupaba el doceavo sitio.
Aun con estos datos, Barbosa Huerta afirmó que el huachicol había disminuido 40 por ciento, mentira con la que intentó destacar la eficiencia de su administración estatal en el combate a este delito ya que, en 2018, Puebla había superado el pico más alto de este ilícito en el rubro nacional, con un promedio de 172 tomas ilegales por mes.
Sin embargo, de enero a julio de este año, ya en el gobierno de AMLO, en el nivel federal y de Barbosa, en el estatal, el promedio mensual de tomas clandestinas a ductos fue de 169, el más alto reportado en lo que va del sexenio presidencial 2018-2024.
Es decir, el avance en el combate al huachicol en manos de ambas administraciones morenistas ha sido mínimo, según el propio recuento estadístico oficial en casi tres años. En 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró, en Puebla, 172 piquetes mensuales a sus ductos; en 2019 hubo una reducción de apenas el 1.74 por ciento, cuando se ubicaron 153 tomas.
En 2020, el huachicol volvió a aumentar 3.27 por ciento porque pasó a 158 piquetes en promedio mensual y este año creció el siete por ciento, con 169. En el primer semestre de 2021, Puebla ostentaba el segundo lugar en perforaciones ilegales en el país.
En agosto de 2020, el propio Barbosa acusó al Gobierno Federal de tener una política errónea en el combate a este ilícito, cuando afirmó que se reducía a vigilar ductos y cancelar tomas clandestinas, con lo que no lo detendría.
“La única forma es disolver las bandas, y esta opinión que estoy dando ya la planteé al más alto nivel (…) sí observo un incremento del huachicol en Puebla y lo he planteado como una preocupación, porque me puede provocar un rebrote y repunte de la delincuencia en general”, advirtió entonces el mandatario poblano.
Y así fue: en la primera mitad de 2020 se detectó una toma clandestina cada cuatro horas con tres minutos en promedio, lo que colocó a la entidad en el segundo lugar nacional, solo después de Hidalgo, que registró un caso cada hora con 57 minutos.
Liderazgo también en robo de gas LP
Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revelaron que Puebla encabeza la lista de aseguramientos de gas robado con 146 mil 856 litros y que la entidad que le sigue es el Estado de México (Edomex), pero con seis veces menos litros, es decir, con 21 mil 248.
De acuerdo con el informe ¿Y cómo vamos con las denuncias? Tomas clandestinas en ductos y robo de pipas en materia de hidrocarburo y gas LP, elaborado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), el robo de gas LP ha ido en aumento, pese a que las denuncias son mínimas: en 2020 se iniciaron solo cinco carpetas de investigación de 846 tomas clandestinas, equivalentes a una por cada 169.
En el primer semestre de 2021, en Puebla hubo un aumento del 17.99 por ciento en la perforación de ductos de gas LP, con un promedio de cada cinco horas con 10 minutos, cifra con la que la entidad lideró la comisión de este delito en el rubro nacional.
En su estudio, el Igavim advirtió, sin embargo, que en la disminución del 47.83 por ciento en las carpetas de investigación del robo de gas LP en tomas clandestinas es ilógica, porque en “los registros de Pemex sobre este rubro tienen una tendencia al alza”; aunque los atracos de este combustible se ejecutan contra las pipas que lo transportan, que en este año ascienden a 55.
En los primeros meses de este año, nueve de los 10 municipios con más tomas clandestinas de gas LP se ubicaban en Puebla. Encabezaba la lista Tepeaca, con 188 tomas; le seguía Acatzingo, con 56; San Matías Tlalancaleca, 46; San Martín Texmelucan, 40; Amozoc, 34; Palmar de Bravo, 32; Tlahuapan, 30; San Salvador El Verde, 29; y Acajete, 26; todos pertenecientes al llamado “triángulo rojo”.
Esta región es llamada anecdóticamente así porque el huachicol se practica en su territorio desde 2010; y ahora se ha extendido al robo de gas LP. En septiembre, Puebla continuaba en el segundo lugar nacional con más tomas clandestinas de gas LP a pesar de que en su Tercer Informe de Gobierno el Presidente declaró que, en Puebla, este delito había bajado 40.1 por ciento gracias a la instalación de un centro coordinador de investigación en la Zona Militar XXV de la Sedena.
Esa cifra difiere del informe de Pemex sobre el mismo periodo, en el que se afirma que las incidencias se elevaron de 632 a 894, aumento equivalente al 41.4 por ciento.
Huachicol: un quiste gubernamental
¡Armada hasta los dientes! Así anunciaron los medios de prensa la detención de Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente de María Ruth Zárate, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Distrito 15 del Estado de Puebla, situado en el llamado “triángulo rojo”.
Tras un cateo en su domicilio, en el municipio de Tecamachalco, le fue encontrado armamento de uso exclusivo del Ejército. La legisladora morenista fue detenida con su pareja, el expolicía federal de caminos Juan Portilla García, quien había sido dado de baja por irregularidades.
El delito que les imputan es portación ilegal de armas de alto calibre. En su arsenal había granadas, incluso un refile Barret calibre 0.50, considerado como el más poderoso del mundo porque sus balas perforan estructuras blindadas de acero, cemento y es capaz de derribar aeronaves.
Cadena Santos fue secretaria del Ayuntamiento de Tecamachalco en la administración de la expresidenta morenista Marisol Cruz García y además es muy cercana al diputado federal Ignacio Mier Velasco y a su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, actual presidente de este municipio.
Días más tarde, el gobernador Miguel Barbosa anunció que la diputada suplente también es investigada por posibles nexos con delincuentes huachicoleros de la zona, incluso la llamó “proveedora” de los líderes del “triángulo rojo”.
Quecholac, uno de los municipios clave en el negocio del huachicol se quedó “sin cabeza” cuando faltaban 15 días para que terminara la administración municipal 2018-2021 cuando, el 27 de septiembre, el alcalde Alejandro Martínez Fuentes –militante del partido local Pacto Social de Integración (PSI)– fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Alejandro Martínez reveló públicamente la detención de su hermano Antonio Valente Martínez Fuentes, mejor conocido como El Toñín, presunto líder huachicolero en la zona, quien mediante la red social Facebook denunció que “en el estado de Puebla estamos presos políticos, ya que una persona mandó a los uniformados a hacer cosas que no, hace rato detuvieron al licenciado José Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal de Quecholac, en la comunidad de Palmarito, Puebla”.
Alejandro Martínez había ganado las elecciones de 2021, y se disponía a asumir un segundo mandato cuando lo detuvieron. Hoy se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, con al menos ocho de sus policías detenidos por no haber cubierto el examen de control y confianza. El 16 de octubre, ante la falta del edil electo, tomó protesta su suplente, José Luis Peregrina Flores, aunque este hecho fue cuestionado porque había figurado como representante legal del Toñín.
Antonio Martínez ha utilizado las redes sociales desde 2018 para difundir videos de sus cultivos agrícolas y constatar que se dedica exclusivamente a la agricultura y llevaba varias transmisiones en vivo, con las que denunciaba que el gobierno estatal de Barbosa Huerta buscaba “fabricarle” delitos para detenerlo.
En efecto, desde 2017, las autoridades federales y locales andan tras El Toñín luego de que el Ejército realizara un operativo en la junta auxiliar Palmarito Tochapan contra el robo de combustible que desató un enfrentamiento, en el que hubo 10 muertos, 26 heridos y 13 detenidos.
El Toñín insiste en que solo se dedica a la agricultura y, durante la pandemia, gracias al uso de las redes sociales, se hizo popular por regalar despensas con verduras a pobladores de la región y la parte sur de la capital poblana, quienes obviamente han asumido su “defensa” en dichos medios de comunicación.
El 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó en Quecholac y Palmar de Bravo varias propiedades presuntamente a nombre del Toñín, donde aseguraron ocho armas largas, 100 cartuchos útiles, drogas y fueron detenidas dos personas y descubierto un huachitúnel de 10 metros de profundidad que estaba en proceso de excavación.
Tras este hecho, el 26 de octubre, el propio Antonio Valente dio una conferencia de prensa en Quecholac, donde se defendió de las acusaciones en su contra y negó que los ranchos cateados sean de su propiedad.
Sin embargo, el gobernador Barbosa Huerta anunció que el presunto delincuente está cada vez más cerca de las rejas, pese a que “está escondido en algún lugar de esa zona en medio de la protección de sicarios; no hay delito perfecto, se deja huella de todo, esa fortuna acumulada por esas actividades embarra a muchas personas. Pero ahí va, ahí va caminando, yo espero que esto camine sin derramamiento de sangre, así de simple, es una posición de la autoridad”.
Y mientras El Toñín y Barbosa pelean con palabras y la estrategia del Gobierno Federal de “abrazos no balazos” sigue sin funcionar, en Puebla, los robos de combustibles líquidos y de gas LP aumentan y constituyen un grave problema para la sociedad poblana.
